Un ayuntamiento pide devolver los puntos a un camionero multado como peatón y abre expediente al policía

  1. #42   #15 Desde siempre. Los expedientes administrativos tienen varias fases: la incoación, durante la cual hay un período de alegaciones y la de resolución, contra la que cabe el recurso correspondiente. A veces esto se dice mucho más fácilmente que se hace; otras veces, coñes, tampoco es tan complicado. Pero, en todo caso, esto se resuelve preguntando. ¿A quién? Pues es muy fácil: al funcionario competente en la materia. Te vas al Ayuntamiento, pillas al funcionario que se encarga de las sanciones de tráfico (o a uno de ellos) y ese funcionario te explicará prolijamente todos los pasos que debes dar para defender tus derechos. Lo hacemos a diario. Y con toda naturalidad: es nuestro trabajo y así nos manda hacerlo la ley (Ley 30/1992: artículo 35: «Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: [...] i) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones»)

    Hay cosas que pueden aparecer como burocráticas, por ejemplo, eso de los plazos. Pero es que los expedientes, sancionadores o no, tienen que terminarse: en un momento dado, el que sea, tienen que resolverse y en otro momento, ejecutarse. La ley determina estos plazos. Y son necesarios: no podemos estar toda la vida dándole vueltas a un solo expediente. Si no hubiera plazos, un alcalde podría resolver cuando le saliera de los cataplines (quince años después, por ejemplo); o un señor podría impugnar una licencia de obras veinte años después de haberse construido la casa. Sería absurdo ¿verdad? Pues ahí tienes lo de los plazos. Y si uno se sale del plazo... pues la ha cagado. La cosa funciona así para que haya un poco de orden.
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  1. #43   #42 Desde nunca: la legislación y las normas no hace falta exigirlas para que se cumplan, existe un principio de tipicidad, según el cual únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.

    Si la Ley dice que La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva la detracción de puntos se produce con ocasión de la conducción de un vehículo para el que se exija autorización administrativa para conducir. lo que no puede hacer la administración es coger y quitarle puntos a ese señor por una infracción para la que no se contempla la retirada de puntos, haga o no alegaciones.
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    1. #46   #43 Pero la ley puede aplicarse o interpretarse bien o mal y por eso se articula el juego de alegaciones y recursos. Si la ley pudiera aplicarse sistemáticamente bien... ¿para qué alegaciones, pruebas y recursos? ¿Para qué, en definitiva, jueces? Aquí se ha aplicado de oficio una ley, como debe ser, pero se ha aplicado mal (según parece, ojo, que yo, si no veo el expediente... Imaginemos que el camionero cruza la calle de forma peligrosa... al bajar del camión; ahí la duda ya crece y crece razonablemente) por lo que se debía haber alegado en fase de instrucción del expediente; no se hizo: mal. Pero aún quedaba otra posibilidad: recurrir. En vez de esto, nuestro camionero fue al Defensor del Pueblo andaluz. Vale, le salió bien por el impacto mediático o porque el alcalde había echado un polvo muy satisfactorio la noche antes. Pero las peticiones de un defensor del pueblo no son vinculantes, de modo que al camionero podía haberla cagado muy fácilmente (si la resolución no se recurre en vía administrativa, no puede ir a la vía judicial).

      Ahora, habrá que ver esas diligencias indagatorias que se siguen sobre la conducta del guardia, a ver por qué se empeñó en algo que, en principio, parece evidentemente fuera de lugar: puede haber negligencia, puede haber una simple pero gravísima prevaricación... o pudo haber una defectuosa adecuación de las circunstancias a la norma que, debidas a una eventual confusión sobre aquellas, puedan haber dado lugar a una aplicación errónea de la norma sin negligencia y sin mala fe. A ver qué dice esa investigación.
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